TOMADO DE PRENSA LIBRE, 16 DE JULIO DEL 2,008
Guatemala suscribió el domingo recién pasado, en Venezuela, su adhesión a Petrocaribe; sin embargo, la experiencia en países centroamericanos ha sido que los fondos que deja esa iniciativa se han administrado con poca transparencia y discrecionalidad, como en Nicaragua, mientras que en Honduras existe temor porque la deuda genere problemas macro económicos en el futuro.
El uso de los fondos que deja Petrocaribe ha originado numerosas críticas en Nicaragua, porque éstos han sido empleados de forma poco transparente y discrecional.
Reportes de prensa nicaragüenses dan cuenta de que el gobierno de Daniel Ortega utiliza de forma paralela al presupuesto de su país los fondos que genera Petrocaribe.
Un artículo del Nuevo Diario de Nicaragua, publicado en abril último, asegura: “La comercialización del petróleo venezolano con la empresa estatal de ese país, Petronic, está generando una deuda pública secreta y un presupuesto paralelo”.
Según el reporte, Ortega ha utilizado más de US$520 millones, a la fecha, provenientes del financiamiento que brinda Petrocaribe.
El mandatario nicaragüense ha empleado esos fondos para otorgar un subsidio a los empresarios del transporte; construcción de carreteras; proyectos habitacionales; otorgar préstamos a productores y apoyar al campesinado, con animales de corral.
Sin embargo, Ortega se ha negado ha rendir cuentas sobre la erogación de los recursos, y para ello se ampara en que los recursos provienen del Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas).
Sergio Santamaría, analista de Economía en Nicaragua, opinó: “El acuerdo petrolero entre su país y Venezuela ha sido polémico en Nicaragua, porque Ortega no se ha abierto a la fiscalización, amparándose en que este es un negocio privado”.
“Si Chávez decidiera hoy cobrar esa factura, yo no sé quién la pagaría, porque la Asamblea no aprobó esa deuda”, resalta Santamaría.
La experiencia hondureña
Honduras se incorporó a esta Iniciativa en noviembre del año pasado, y, a la fecha, ha recibido dos embarques con combustible.
Sin embargo, los fondos que deja Petrocaribe aún no han podido ser empleados por el gobierno hondureño, porque el Congreso está pendiente de aprobar una ley de fideicomiso de Petrocaribe, una condición expresa que hizo la sociedad de ese país, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y evitar problemas como los suscitados en Nicaragua.
“Aquí hay mucha información de Nicaragua, en la que se evidencia que el manejo de fondos está solamente a cargo de Ortega y su esposa, y ellos no le rinden cuentas a nadie sobre la ejecución de éstos”, comenta Juan Ramón Martínez, analista político de Honduras.
Las autoridades hondureñas tienen previsto emplear el fideicomiso, en un 30 por ciento, para el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; otro 30 por ciento, para inversión social; y un 40 por ciento, para la construcción de hidroeléctricas, durante un período de 25 años.
Candados
Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, sugiere que para evitar este tipo de críticas en Guatemala, lo mejor es que sea el Congreso el que establezca normas de transparencia, a fin que no haya discrecionalidades al momento de ejecutar los fondos provenientes de Petrocaribe.
“Será el Ministerio de Finanzas y el propio Ejecutivo quienes invertirán los fondos, y lo que queremos es que sea el Organismo Legislativo el que establezcan la transparencia que debe tener Petrocaribe”, sugiere Meany.
Las negociaciones
Nicaragua obtuvo una mejor negociación respecto de lo obtenido por Honduras y Guatemala.
El gobierno de ese país obtuvo que del cien por ciento de la factura se cancele un 25 por ciento en los primeros 90 días; otro 25 por ciento, en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del uno por ciento; otro 25 por ciento es destinado para la manutención del Alba, y el 25 por ciento final queda a disponibilidad de las autoridades, para impulsar proyectos sociales.
En tanto, el gobierno hondureño consiguió que el 40 por ciento de la factura será financiado en 25 años, a una tasa de interés del uno por ciento.
Guatemala, por su parte, también obtuvo el financiamiento a 25 años, al uno por ciento de interés, del 60 por ciento de la factura que dejarán los 20 mil barriles diarios de combustibles que ingresarán en el país.
El uso de los fondos que deja Petrocaribe ha originado numerosas críticas en Nicaragua, porque éstos han sido empleados de forma poco transparente y discrecional.
Reportes de prensa nicaragüenses dan cuenta de que el gobierno de Daniel Ortega utiliza de forma paralela al presupuesto de su país los fondos que genera Petrocaribe.
Un artículo del Nuevo Diario de Nicaragua, publicado en abril último, asegura: “La comercialización del petróleo venezolano con la empresa estatal de ese país, Petronic, está generando una deuda pública secreta y un presupuesto paralelo”.
Según el reporte, Ortega ha utilizado más de US$520 millones, a la fecha, provenientes del financiamiento que brinda Petrocaribe.
El mandatario nicaragüense ha empleado esos fondos para otorgar un subsidio a los empresarios del transporte; construcción de carreteras; proyectos habitacionales; otorgar préstamos a productores y apoyar al campesinado, con animales de corral.
Sin embargo, Ortega se ha negado ha rendir cuentas sobre la erogación de los recursos, y para ello se ampara en que los recursos provienen del Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas).
Sergio Santamaría, analista de Economía en Nicaragua, opinó: “El acuerdo petrolero entre su país y Venezuela ha sido polémico en Nicaragua, porque Ortega no se ha abierto a la fiscalización, amparándose en que este es un negocio privado”.
“Si Chávez decidiera hoy cobrar esa factura, yo no sé quién la pagaría, porque la Asamblea no aprobó esa deuda”, resalta Santamaría.
La experiencia hondureña
Honduras se incorporó a esta Iniciativa en noviembre del año pasado, y, a la fecha, ha recibido dos embarques con combustible.
Sin embargo, los fondos que deja Petrocaribe aún no han podido ser empleados por el gobierno hondureño, porque el Congreso está pendiente de aprobar una ley de fideicomiso de Petrocaribe, una condición expresa que hizo la sociedad de ese país, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y evitar problemas como los suscitados en Nicaragua.
“Aquí hay mucha información de Nicaragua, en la que se evidencia que el manejo de fondos está solamente a cargo de Ortega y su esposa, y ellos no le rinden cuentas a nadie sobre la ejecución de éstos”, comenta Juan Ramón Martínez, analista político de Honduras.
Las autoridades hondureñas tienen previsto emplear el fideicomiso, en un 30 por ciento, para el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; otro 30 por ciento, para inversión social; y un 40 por ciento, para la construcción de hidroeléctricas, durante un período de 25 años.
Candados
Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, sugiere que para evitar este tipo de críticas en Guatemala, lo mejor es que sea el Congreso el que establezca normas de transparencia, a fin que no haya discrecionalidades al momento de ejecutar los fondos provenientes de Petrocaribe.
“Será el Ministerio de Finanzas y el propio Ejecutivo quienes invertirán los fondos, y lo que queremos es que sea el Organismo Legislativo el que establezcan la transparencia que debe tener Petrocaribe”, sugiere Meany.
Las negociaciones
Nicaragua obtuvo una mejor negociación respecto de lo obtenido por Honduras y Guatemala.
El gobierno de ese país obtuvo que del cien por ciento de la factura se cancele un 25 por ciento en los primeros 90 días; otro 25 por ciento, en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del uno por ciento; otro 25 por ciento es destinado para la manutención del Alba, y el 25 por ciento final queda a disponibilidad de las autoridades, para impulsar proyectos sociales.
En tanto, el gobierno hondureño consiguió que el 40 por ciento de la factura será financiado en 25 años, a una tasa de interés del uno por ciento.
Guatemala, por su parte, también obtuvo el financiamiento a 25 años, al uno por ciento de interés, del 60 por ciento de la factura que dejarán los 20 mil barriles diarios de combustibles que ingresarán en el país.
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